En enero de 2024, Daniel Noboa Azin, presidente de Ecuador, reconoció la existencia de un conflicto armado interno y decretó el Estado de excepción en todo el territorio nacional inclusive en los Centros de privación de libertad, para recuperar el control territorial, la soberanía en materia de seguridad y resguardar los derechos de la población. En razón a aquello, requirió la intervención urgente de la Infantería de Marina, personal militar que está entrenado para ejecutar las operaciones estratégicas de control de armamento, municiones y explosivos (CAMEX), en apego y respeto irrestricto a la norma suprema del Estado, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. El Muestreo Aleatorio Simple y la metodología en tres fases: evaluación del instrumento, análisis descriptivo y prueba de correlación es la usada en este artículo. Se ha realizado el estudio mediante métodos cualitativos y cuantitativos. En Guayaquil, se encuestó a una muestra aleatoria de 384 personas de una población total de 2.746.403 habitantes. Los resultados evidencian un fuerte respaldo a la intervención militar y la eficacia de los operativos CAMEX, como estrategia para mitigar la violencia y criminalidad. Se enfatiza la necesidad de mejorar la supervisión de los centros de detención, el incremento de los recursos para potenciar el equipamiento del personal militar y programas de entrenamiento, así también, la cooperación internacional y coordinación intersectorial para contar con el apoyo de lucha contra el terrorismo y crisis de seguridad, respetando las atribuciones de cada función del Estado y no intromisión a la soberanía nacional.
