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Tratamiento penal de los delitos de violencia de
género en Ecuador
Criminal treatment of gender-based violence crimes
in Ecuador
Zaida Elizabeth Rovira Jurado
https://orcid.org/0000-0001-5242-3919
zaida.rovira@upse.edu.ec
Magister en Derechos Humanos: Sistemas de Protección, Docente Ocasional de la Carrera de
Derecho, Universidad Estatal Península de Santa Elena, La Libertad -Ecuador
David Eduardo Flores Brandt
dfloresbrandt@gmail.com
https://orcid.org/0009-0008-9209-3262
investigador independiente
Maestrante en Derecho Procesal y Procesal Penal, Magister en Derecho Constitucional, Abogado,
Constitucionalista, Penalista y Mediador.
Recibido: 27/05/2025
Aceptado: 26/06/2025
Publicado: 01/07/2025
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Resumen
El tratamiento penal de los delitos de violencia
de género en Ecuador constituye un tema de
gran importancia jurídica y social, dado el
incremento de casos de violencia intrafamiliar,
psicológica, sexual y feminicidio en el país. El
objetivo es analizar el tratamiento penal de los
delitos de violencia de género en Ecuador
mediante una revisión sistemática de la
normativa, jurisprudencia y doctrina
especializada, con el fin de identificar los
avances legislativos alcanzados, las
limitaciones en su aplicación práctica y las
brechas existentes respecto a los estándares
internacionales de protección de los derechos
humanos. La investigación se fundamenta en
un enfoque cualitativo con revisión documental
y análisis sistemático de normas, sentencias y
doctrina especializada. Se empleó una
metodología de revisión sistemática que
permitió recopilar información de fuentes
académicas, jurisprudenciales y organismos
internacionales, comparando la aplicación de la
normativa nacional con estándares de
protección de derechos humanos. Los
resultados evidencian que, a pesar de los
avances legislativos como el Código Orgánico
Integral Penal y la Ley para Prevenir y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres, persisten
deficiencias en la aplicación práctica,
principalmente relacionadas con la
revictimización de las mujeres, la insuficiente
capacitación de operadores de justicia y la falta
de coordinación interinstitucional. Asimismo, se
identificó una brecha entre las disposiciones
legales y su eficacia en la protección real de las
víctimas. Se concluye que el fortalecimiento de
la capacitación judicial, la creación de
mecanismos de protección efectivos y la
armonización de la legislación con tratados
internacionales permiten mejorar el acceso a la
justicia y garantizar un tratamiento penal más
eficiente frente a los delitos de violencia de
género en Ecuador.
Palabras clave: Violencia de género, Delitos
penales, Tratamiento penal, Sistema penal
ecuatoriano, Ecuador
Abstract
The criminal treatment of gender-based
violence offences in Ecuador is a matter of great
legal and social importance, given the increase
in cases of domestic, psychological and sexual
violence and femicide in the country. The
objective is to analyse the criminal treatment of
gender-based violence offences in Ecuador
through a systematic review of legislation, case
law and specialised doctrine, in order to identify
legislative advances, limitations in their practical
application and gaps with respect to
international human rights protection standards.
The research is based on a qualitative approach
with a review of documents and a systematic
analysis of regulations, judgments and
specialised doctrine. A systematic review
methodology was used to collect information
from academic and jurisprudential sources and
international organisations, comparing the
application of national regulations with human
rights protection standards. The results show
that, despite legislative advances such as the
Comprehensive Organic Criminal Code and the
Law to Prevent and Eradicate Violence against
Women, deficiencies persist in practical
application, mainly related to the revictimisation
of women, insufficient training of justice
operators and a lack of inter-institutional
coordination. Likewise, a gap was identified
between legal provisions and their effectiveness
in actually protecting victims. It is concluded that
strengthening judicial training, creating effective
protection mechanisms, and harmonising
legislation with international treaties will
improve access to justice and ensure more
efficient criminal treatment of gender-based
violence crimes in Ecuador.
Key words: Gender violence, Criminal
offenses, Criminal treatment, Ecuadorian penal
system, Ecuador
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Introducción
La violencia de género constituye una de las principales vulneraciones de los derechos
humanos y un problema de salud pública que afecta de manera particular a las
mujeres en Ecuador. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC, 2022), 65 de cada 100 mujeres han experimentado algún tipo de violencia a lo
largo de su vida, lo que revela la magnitud del problema.
En primer lugar, Vega (2021) identifica que la tipificación de los delitos de violencia de
género en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) constituye un progreso
significativo; sin embargo, su aplicación enfrenta limitaciones debido a la falta de
capacitación de los operadores de justicia. En la misma línea, Morales (2023) sostiene
que las medidas cautelares, aunque contempladas en la normativa, no son aplicadas
oportunamente, lo cual expone a las víctimas a nuevos riesgos y debilita la eficacia
del sistema penal.
Por otra parte, Pérez (2019) destaca que los casos de violencia psicológica enfrentan
dificultades probatorias, lo que genera altos índices de archivo y sobreseimiento. A su
vez, Serrano (2021) resalta que la creación de Unidades Judiciales especializadas ha
representado un avance institucional, aunque estas instancias padecen de sobrecarga
procesal que limita su capacidad de atención y resolución. Estas falencias reflejan la
insuficiencia de la respuesta judicial frente a la magnitud del problema.
De manera complementaria, Torres (2022) compara el caso ecuatoriano con países
andinos y concluye que, pese a contar con un marco legal robusto, la efectividad es
menor debido a falencias estructurales. En concordancia con esta visión, Cárdenas
(2020) analiza la tipificación del femicidio y afirma que, aunque su reconocimiento
penal ha dado mayor visibilidad al delito, este avance no se ha traducido en una
reducción significativa de los casos, lo que evidencia la distancia entre norma y
realidad social.
Asimismo, la Corte Constitucional del Ecuador (2019) ha ampliado los estándares de
protección mediante fallos que obligan al Estado a garantizar la reparación integral de
las víctimas. De igual forma, ONU Mujeres (2020) sostiene que Ecuador ha
incorporado estándares internacionales, aunque persiste la necesidad de reforzar la
integralidad de las acciones preventivas. A la par, la Asamblea Nacional (2018)
estableció medidas de protección inmediatas con la Ley Integral, pero la falta de
coordinación interinstitucional continúa siendo un obstáculo crítico.
Finalmente, Jara (2022) advierte que la revictimización en los procesos judiciales
constituye una barrera estructural que impide el acceso efectivo a la justicia para las
mujeres. En conjunto, el estado del arte evidencia que, si bien Ecuador ha fortalecido
su marco penal frente a la violencia de género, persisten brechas notorias entre la
norma y su aplicación práctica. Todo ello demuestra la necesidad urgente de un
análisis integral que permita valorar su eficacia y fortalecer la protección a las víctimas.
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El tratamiento penal de los delitos de violencia de género en Ecuador es un tema de
alta relevancia porque constituye una herramienta esencial para proteger a las
víctimas, sancionar a los agresores y prevenir la repetición de hechos de violencia. La
importancia del estudio radica en que la violencia de género, además de afectar
derechos fundamentales como la vida, la integridad física y psicológica, y la libertad
sexual, tiene repercusiones sociales y económicas en las familias y en la sociedad en
general.
Justificar una investigación de revisión sistemática sobre este tema permite identificar
avances normativos y jurisprudenciales, contrastar la legislación ecuatoriana con
estándares internacionales y visibilizar las limitaciones en la aplicación judicial.
Asimismo, este trabajo contribuye al fortalecimiento de la política pública, la
capacitación de jueces, fiscales y defensores, y la construcción de un debate
académico que impacte directamente en la mejora de la justicia y en la garantía de los
derechos de las mujeres.
Metodología
La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, dado que se centra en el
análisis interpretativo de la normativa, la jurisprudencia y la doctrina relacionada con
la violencia de género en Ecuador. El método empleado fue el documental, utilizando
un diseño de revisión sistemática de literatura que permitió organizar, comparar y
contrastar diferentes fuentes. Se trató de un estudio de tipo descriptivo y de nivel
exploratorio–analítico, en tanto buscó caracterizar los avances normativos e identificar
las limitaciones en la aplicación práctica de la normativa penal. La recolección de datos
se realizó mediante la búsqueda y análisis de 10 documentos académicos, jurídicos y
normativos publicados entre 2016 y 2024, consultados en bases de datos
especializadas como Scopus, Redalyc, Scielo, Dialnet y Google Scholar, así como en
repositorios de la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional del Ecuador y
organismos internacionales como ONU Mujeres. La selección de las fuentes siguió
criterios de inclusión y exclusión definidos, y su análisis se desarrolló en fases de
revisión, lectura crítica y sistematización de la información a través de fichas
bibliográficas comparativas.
Aspectos teóricos y normativos sobre delitos de violencia de género
En el ámbito jurídico–penal, Ecuador ha consolidado un marco normativo relevante
para enfrentar los delitos de violencia de género, el cual se fundamenta principalmente
en el Código Orgánico Integral Penal (COIP, 2014) y en la Ley Orgánica Integral para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2018). Ambos cuerpos legales
tipifican la violencia física, psicológica, sexual y el femicidio, reconociendo estas
conductas como vulneraciones graves a los derechos humanos. Este marco normativo
se encuentra en consonancia con instrumentos internacionales como la Convención
de Belém do Pará y la Convención para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que establecen obligaciones estatales en
materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género.
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Los estudios revisados muestran que, si bien se han registrado avances normativos
importantes, aún persisten limitaciones significativas en la aplicación práctica de la
legislación. Así, Vega (2021) identifica que la tipificación en el COIP constituye un
progreso fundamental, aunque la falta de capacitación de jueces y fiscales afecta la
correcta implementación de la norma. De manera similar, Morales (2023) señala que
las medidas cautelares previstas en la ley no siempre se aplican de forma oportuna,
lo que deja a las víctimas expuestas a riesgos de revictimización. En el mismo sentido,
Pérez (2019) advierte que los casos de violencia psicológica enfrentan grandes
dificultades probatorias, lo cual se refleja en elevados índices de archivo procesal.
La institucionalidad creada para atender esta problemática también ha generado
resultados mixtos. Serrano (2021) resalta que las Unidades Judiciales especializadas
constituyen un avance al brindar una atención más focalizada a las víctimas; sin
embargo, estas instancias enfrentan una fuerte sobrecarga procesal que reduce su
eficacia. Por su parte, Torres (2022), en una comparación regional, destaca que
Ecuador posee un marco legal más avanzado que otros países andinos, aunque su
efectividad práctica es limitada debido a falencias estructurales del sistema judicial.
En relación con la tipificación del femicidio, Cárdenas (2020) sostiene que su
reconocimiento en el COIP ha permitido una mayor visibilidad de este delito, aunque
no ha generado una reducción significativa en los índices de violencia letal contra las
mujeres. Asimismo, la Corte Constitucional del Ecuador (2019) ha ampliado los
estándares de protección mediante fallos que obligan al Estado a garantizar la
reparación integral, lo que refuerza la obligatoriedad de cumplir con los compromisos
internacionales en la materia. A nivel legislativo, la Asamblea Nacional (2018) expidió
la Ley Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que establece
medidas de protección inmediatas; sin embargo, la débil coordinación interinstitucional
continúa limitando su efectividad.
Los organismos internacionales también han emitido observaciones relevantes.
Según ONU Mujeres (2020), Ecuador ha avanzado en la incorporación de estándares
internacionales de protección, pero aún requiere complementar la respuesta penal con
políticas preventivas y educativas de carácter integral. En esa misma línea, Jara
(2022) advierte que la revictimización durante los procesos judiciales representa un
obstáculo estructural para el acceso efectivo a la justicia, lo que refleja la necesidad
de mecanismos procesales más sensibles al enfoque de género.
Finalmente, los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC, 2022) confirman que la prevalencia de la violencia contra la mujer continúa
siendo elevada en el país, lo cual evidencia que, pese al robustecimiento normativo,
persisten brechas entre el diseño de la ley y su eficacia real en la protección de las
víctimas. En síntesis, el marco teórico revela que el sistema penal constituye un pilar
fundamental en la lucha contra la violencia de género, aunque su impacto depende de
la articulación con políticas sociales, educativas y preventivas que permitan abordar
las raíces estructurales del problema.
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Resultados
La revisión documental permitió identificar diez investigaciones relevantes
relacionadas con el tratamiento penal de la violencia de género en Ecuador y la región
andina. A continuación, se presenta la tabla con los principales hallazgos:
Tabla 1. Resultado de revisión documental
Autor/Año
Tema
Ámbito
Resultados principales
Vega (2021)
Análisis del COIP y delitos
de género
Ecuador
Avances normativos; limitaciones en
capacitación de jueces y fiscales
Morales (2023)
Medidas cautelares en
violencia de género
Ecuador
Aplicación tardía e insuficiente de
medidas; riesgo de revictimización
Pérez (2019)
Violencia psicológica en el
COIP
Ecuador
Dificultades probatorias; altos índices
de archivo
Serrano (2021)
Unidades Judiciales
especializadas
Ecuador
Mejor atención, pero sobrecarga
procesal evidente
Torres (2022)
Comparación regional de
violencia de género
Región
Andina
Avance normativo en Ecuador, menor
efectividad práctica
Cárdenas (2020)
Tipificación del femicidio en
el COIP
Ecuador
Mayor visibilidad del delito; sin
reducción significativa
Corte
Constitucional
(2019)
Jurisprudencia en violencia
de género
Ecuador
Ampliación de estándares de
protección y obligaciones estatales
Asamblea Nacional
(2018)
Ley Integral contra la
violencia
Ecuador
Medidas de protección inmediatas;
débil articulación interinstitucional
ONU Mujeres
(2020)
Estándares internacionales
América
Latina
Necesidad de medidas integrales más
allá del castigo penal
Jara (2022)
Revictimización en
procesos judiciales
Ecuador
Revictimización como obstáculo para
acceso efectivo a la justicia
Nota. Fuente: Flores y Flores (2025)
Los resultados muestran que la mayor parte de las investigaciones identificadas se
centran en el contexto ecuatoriano, mientras que una parte menor corresponde a
estudios regionales y de alcance latinoamericano. Se evidencian avances en la
tipificación penal de delitos como la violencia psicológica y el femicidio, así como en
la creación de unidades judiciales especializadas y en la incorporación de estándares
internacionales. Sin embargo, también se registran limitaciones relacionadas con la
capacitación de operadores de justicia, la aplicación tardía de medidas cautelares, la
sobrecarga procesal y las dificultades probatorias. Además, se destaca la existencia
de fallos de la Corte Constitucional que amplían la protección a las víctimas, la
expedición de leyes con medidas inmediatas de protección y la identificación de la
revictimización como un obstáculo dentro de los procesos judiciales.
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Gráfico 1. Distribución de investigaciones por ámbito
En los resultados obtenidos se observa que la mayoría de los estudios se concentran
en el ámbito ecuatoriano, con un total de ocho investigaciones, mientras que dos se
desarrollan en la región andina y en el contexto latinoamericano. Los hallazgos se
centran en avances normativos, limitaciones en la aplicación de medidas cautelares,
dificultades probatorias, sobrecarga procesal, visibilidad del femicidio, revictimización
judicial y necesidad de políticas integrales más allá de la sanción penal.
Discusión
El análisis de los resultados a la luz de las bases teóricas permite observar que,
aunque Ecuador ha consolidado un marco normativo robusto mediante el Código
Orgánico Integral Penal (2014) y la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (2018), persisten limitaciones en su aplicación práctica.
Este hallazgo se confirma con lo señalado por Vega (2021), quien identifica que la
falta de capacitación de jueces y fiscales debilita la implementación efectiva de la
tipificación penal, generando una brecha entre norma y práctica.
En cuanto a las medidas de protección, Morales (2023) muestra que su aplicación
tardía e insuficiente expone a las víctimas a riesgos adicionales, lo cual contrasta con
los principios de protección inmediata contemplados en la Ley Integral (Asamblea
Nacional, 2018). De igual manera, la evidencia presentada por Pérez (2019) respecto
a las dificultades probatorias en la violencia psicológica se corresponde con la
constatación de altos índices de archivo, reflejando un problema estructural en la
administración de justicia que limita el alcance del COIP.
En lo referente a la institucionalidad, Serrano (2021) señala que las Unidades
Judiciales especializadas han permitido mejorar la atención, pero enfrentan
sobrecarga procesal y limitaciones de recursos, situación que coincide con lo señalado
por Torres (2022), quien demuestra que, a pesar de contar con un marco legal
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avanzado en comparación con otros países andinos, la efectividad de su aplicación
en Ecuador resulta inferior debido a falencias estructurales del sistema.
Por otra parte, el estudio de Cárdenas (2020) sobre la tipificación del femicidio revela
que este delito ha adquirido mayor visibilidad, aunque no ha logrado una reducción
significativa de casos. Este resultado se relaciona con lo expuesto por ONU Mujeres
(2020), que advierte la necesidad de medidas integrales de carácter preventivo y
educativo, pues la sanción penal por sí sola resulta insuficiente para disminuir la
violencia de género. En ese mismo sentido, Jara (2022) identifica la revictimización
como un obstáculo estructural en el acceso a la justicia, lo que evidencia la necesidad
de procesos judiciales sensibles al enfoque de género.
Finalmente, la información estadística del INEC (2022) confirma que la prevalencia de
la violencia contra la mujer sigue siendo elevada en Ecuador, lo que refuerza la
conclusión de que el robustecimiento normativo, aunque necesario, no garantiza por
sí mismo la disminución de la problemática. En consecuencia, la discusión evidencia
que la eficacia del tratamiento penal en materia de violencia de género depende de la
articulación de este con políticas sociales, educativas y preventivas, en concordancia
con los estándares internacionales establecidos por la Convención de Belém do Pará
y la CEDAW.
Conclusiones
Ecuador ha construido un marco normativo sólido frente a la violencia de género,
mediante el Código Orgánico Integral Penal y la Ley Orgánica Integral para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en armonía con tratados internacionales
como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW. Sin embargo, los hallazgos
confirman que persisten limitaciones en la aplicación práctica de estas disposiciones,
especialmente vinculadas a la capacitación insuficiente de los operadores de justicia,
la debilidad en la implementación de medidas cautelares y la revictimización en los
procesos judiciales.
Asimismo, se evidenció que, aunque la tipificación del femicidio ha otorgado mayor
visibilidad a este delito, su reconocimiento legal no ha significado una disminución en
los índices de violencia letal contra las mujeres. De igual forma, las Unidades
Judiciales especializadas representan un avance en la atención a las víctimas, pero
la sobrecarga procesal y la falta de recursos limitan su efectividad. A nivel
jurisprudencial, la Corte Constitucional ha fortalecido los estándares de protección y
la obligación estatal de garantizar reparación integral, lo que constituye un paso
relevante en la consolidación de un sistema de justicia más garantista.
Los resultados también muestran que, pese a los avances legislativos, la violencia de
género mantiene una alta prevalencia en el país, como lo confirma la estadística del
INEC, lo cual demuestra que el tratamiento penal por sí solo resulta insuficiente para
erradicar esta problemática. En este sentido, se hace evidente la necesidad de
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articular la respuesta judicial con políticas sociales, educativas y comunitarias que
permitan abordar las causas estructurales de la violencia.
En síntesis, la investigación concluye que el sistema penal ecuatoriano constituye un
pilar esencial en la protección de los derechos de las mujeres frente a la violencia de
género, pero su eficacia depende del fortalecimiento de la capacitación judicial, la
aplicación efectiva de medidas de protección, la coordinación interinstitucional y la
incorporación de estrategias preventivas integrales. Solo a través de esta articulación
será posible garantizar un acceso real a la justicia y avanzar hacia una reducción
significativa de la violencia en el país.
Referencias Bibliográficas
Asamblea Nacional del Ecuador. (2018). Ley Orgánica Integral para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Registro Oficial.
Cárdenas, M. (2020). El femicidio en el marco del COIP. Revista Jurídica Andina,
15(2), 45-63.
Corte Constitucional del Ecuador. (2019). Sentencias sobre violencia de género.
Quito.
INEC. (2022). Encuesta Nacional sobre Violencia contra la Mujer. Quito.
Jara, A. (2022). Revictimización en el sistema penal ecuatoriano. Revista Derecho y
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Morales, P. (2023). Medidas cautelares en violencia de género: análisis crítico. Foro
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ONU Mujeres. (2020). Estándares internacionales para la prevención y sanción de la
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Pérez, A. (2019). La violencia psicológica en el COIP: retos probatorios. Derecho y
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Serrano, D. (2021). Unidades Judiciales especializadas y su impacto. Revista de
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Vega, L. (2021). Avances y desafíos del COIP en delitos de violencia de género.
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